* CONGRESO
Chetumal,
Quintana Roo.- Para evitar que el exgobernador Roberto Borge Angulo abandone el
país con la intención de evadir la justicia, la Decimoquinta Legislatura
exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía General
del Estado, a que soliciten al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitan una alerta migratoria y
aseguren bienes y recursos en su propiedad, para garantizar la reparación del
daño patrimonial ocasionado al Estado de Quintana Roo.
En la sesión
ordinaria número 28, presidida por el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, el
Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría el punto de acuerdo por obvia
y urgente resolución, presentado por los integrantes de las fracciones
parlamentarias del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), y respaldado por los diputados de MORENA, Nueva Alianza,
Encuentro Social y del diputado independiente Juan Carlos Pereyra Escudero.
El acuerdo,
firmado por las diputadas Mayuli Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, Eugenia
Solís Salazar y Laura Beristain Navarrete, así como por los diputados Eduardo
Martínez Arcila, Emiliano Ramos Hernández, Jesús Zetina Tejero, José Esquivel
Vargas y Fernando Zelaya Espinoza, establece que existe el riesgo fundado de
que el exgobernador abandone el país con el fin de evadir la justicia.
“Esto no es
solo un clamor popular, es justicia elemental, y va encaminado a reconstruir la
confianza en las instituciones encargadas de la procuración de justicia,
dejando claro que en un Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley, y
ésta cuenta con los medios suficientes para presentar ante la justicia a los
malos funcionarios, y en su caso, obligarlos a restituir el patrimonio
afectado”, explica el documento.
En su
intervención, el diputado Jesús Zetina Tejero, del Partido Acción Nacional
(PAN) y presidente de la Mesa Directiva, dijo que la Legislatura hará los
exhortos que sean necesarios para darle justicia a los quintanarroenses.
El diputado
José Esquivel Vargas, a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, expresó
que la solicitud del Poder Legislativo es pertinente y válida.
Y es que en el
debate previo, la diputada Leslie Hendricks Rubio y los diputados Raymundo King
de la Rosa, José de la Peña Ruiz de Chávez y José Luis González Mendoza,
expusieron sus razones por las que no estaban de acuerdo con este exhorto, que
finalmente fue aprobado por mayoría con 13 votos a favor y 9 en contra.
Hendricks
Rubio recordó que en anteriores determinaciones legislativas para revertir
reformas que perjudicaban a los quintanarroenses, los diputados del PRI han
mostrado su respaldo. Sin embargo, consideraron que este Punto de Acuerdo no
está apegado al debido proceso.
El diputado
José de la Peña del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), consideró que no
es el momento procesal oportuno para solicitar una alerta migratoria.
Mientras que
el diputado Raymundo King del PRI, consideró que la alerta migratoria debe ser
solicitada por un juez y no por el propio Poder Legislativo, pues debe
prevalecer el principio de la presunción de inocencia. En el mismo sentido se
pronunció el diputado González Mendoza.
En la
exposición de motivos, se señala que el 15 de noviembre de 2016, se
emprendieron acciones legales en contra del exgobernador Roberto Borge Angulo,
en función del probable daño patrimonial que ocasionó al Estado de Quintana
Roo, a través de la enajenación, en condiciones irregulares, de 9 mil 500
hectáreas de la reserva territorial.
De las
investigaciones realizadas por parte de la Secretaría de la Gestión Pública, y
del trabajo realizado por diversas comisiones de la Decimoquinta Legislatura,
se desprende la presunción de un daño patrimonial mayúsculo a la entidad.
Si bien ya se
han presentado las denuncias correspondientes ante la PGR y la Fiscalía General
del Estado, al día de hoy no se han tomado las providencias para evitar que el
dinero mal habido sea utilizado por el exgobernador para abstraerse de la
justicia. Tampoco se ha hecho lo correspondiente para garantizar que esos
recursos no sean transferidos o escondidos, con la finalidad de que sean
recuperados y destinados para reparar el daño patrimonial ocasionado.
Es por ello
que el Congreso del Estado solicita a las instituciones encargadas de procurar
justicia, que requieran a las autoridades pertinentes para que de manera
precautoria se congelen las cuentas bancarias y aseguren los bienes y recursos
necesarios en propiedad de Borge Angulo, así como de posibles cómplices y
encubridores, para evitar que ellos sean utilizados para evadir la acción de la
justicia.
Los
legisladores tienen la certeza de que, a través de estas medidas, será posible
garantizar que el imputado responda frente a las autoridades por los delitos
que se le acusan, y en caso de ser declarado culpable por el juez, cumpla con la
sentencia y restituya los daños patrimoniales.
En la misma
sesión, la diputada Jenni Juárez Trujillo del PRI, presentó un punto de acuerdo
para exhortar a los titulares de los tres niveles de Gobierno para que, en el
ámbito de sus atribuciones, establezcan las medidas de acción necesarias, para
la aplicación de los mecanismos encaminados a erradicar la violencia laboral en
contra de las mujeres.
Por su parte,
el diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, propuso exhortar a la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, para que en
cumplimiento a las condiciones estipuladas en el título de concesión otorgada a
favor de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., (Aguakán)
realice las evaluaciones semestrales sobre la operación de los servicios
públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas
residuales en los Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.
Finalmente,
las diputadas Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos, Ana Patricia Peralta, presidenta de la Comisión para la Igualdad de
Género y Leslie Hendricks Rubio, presidenta de la Comisión de Desarrollo
Familiar y Grupos Vulnerables, hicieron uso de la tribuna para pronunciar
discurso en relación al “25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer”.
