*Presentan formalmente 7 nuevas
denuncias penales por los delitos de peculado, desempeño irregular de la
función pública, abuso de autoridad y usurpación de funciones públicas
por más de 2 mil millones de pesos
*En cumplimiento al compromiso de Carlos
Joaquín, este gobierno sancionará la corrupción de la pasada
administración y no permitirá la impunidad
Chetumal.- Resultado de las auditorías
realizadas a la pasada administración el Gobierno de Carlos Joaquín
presentó formalmente 7 nuevas denuncias penales por los delitos de
peculado, desempeño irregular de la función pública, abuso de autoridad y
usurpación de funciones por un monto de 2 mil 388 millones 296 mil 558
pesos, las cuales se suman a las dos denuncias por la venta irregular de
9 mil 500 hectáreas de reserva territorial del estado interpuestas el
mes pasado ante la Procuraduría General de la República y la Fiscalía
General de Quintana Roo.
“Es un proceso de auditorías y habrá más
denuncias mientras avancen las revisiones”, señaló el secretario de la
Gestión Pública, Rafael del Pozo, quien junto con el secretario de
Gobierno, Francisco López Mena, ofrecieron una conferencia de prensa
para informar que las 7 nuevas denuncias interpuestas ante la Fiscalía
General del Estado son por delitos cometidos en la Secretaría de
Finanzas y Planeación (Sefiplan), Secretaría de Infraestructura y
Transporte (Sintra), Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), lo que pone de
manifiesto que los fenómenos de corrupción en la pasada administración
se presentaron de manera generalizada y organizada.
“Como el Gobernador Carlos Joaquín
afirmó durante su campaña y de acuerdo al compromiso con la ciudadanía,
este gobierno sancionará la corrupción de gobiernos previos y va a
prevenir que no se lleven a cabo nuevas irregularidades, las que de
realizarse serán severamente sancionadas”, acotó el secretario de
Gobierno.
Indicó que están dando pasos firmes para
combatir impunidad y corrupción con acciones concretas para que los
servidores públicos hagan transparente su patrimonio, su red de
relaciones y sus obligaciones fiscales, y también, de acciones para
desarticular el blindaje que el anterior gobierno había construido para
evadir toda responsabilidad frente a la ley.
“Para disminuir las desigualdades
resulta fundamental luchar contra la corrupción, la que provoca que los
recursos públicos destinados a atender las necesidades de la gente para
que tenga más y mejores oportunidades terminen en los bolsillos de una
cuantas personas, de unas cuantas familias o de algún grupo que los
emplea para perpetuarse en el poder y repartirse el botín: Esto no lo
vamos a permitir más”, recalcó.
A su vez, Rafael del Pozo confirmó que
están involucrados los ex titulares de las dependencias y servidores
públicos de menor rango. Explicó que en el caso de Seduvi ya se había
denunciado la enajenación de predios por debajo de su valor y la
aplicación de subsidios que no tienen sustento legal, lo que generó un
daño patrimonial importante.
En esa denuncian se señalaron al menos
11 personas, como empleados, amigos, familiares y empresas vinculadas al
anterior gobierno, por irregularidades en la enajenación a particulares
de predios del dominio del Estado. En total, dichas enajenaciones suman
alrededor de nueve mil 500 hectáreas, es decir, 95 millones de metros
cuadrados, lo que equivale a más de seis veces toda la zona hotelera de
Cancún o 24 veces la superficie de Isla Mujeres. Y lo peor es que en
algunos casos “no llegaron al 1% de su valor real”, comentó Del Pozo.
Por su parte, en Sintra la denuncia es
por la contratación irregular de renta de maquinaria por más de 700
millones de pesos, de la que no hay evidencia en cuanto a la prestación
del servicio, y están en proceso de investigación otros dos periodos
cuya suma asciende a más de 1 mil 519 millones de pesos.
“El total de las investigaciones que
estamos llevando a cabo por la renta de maquinaria es por más de 1 mil
519 millones de pesos, pero dimos prioridad a las que pudieran ser
objeto de prescripción, por eso la denuncia por los 700 millones de
pesos”, explicó.
El secretario de la Gestión Pública,
Rafael del Pozo puntualizó que “esta administración no va a fabricar
culpables ni hace persecución de absolutamente nadie; somos los más
interesados”, dijo, “en garantizar los derechos humanos de todos los
ciudadanos”.
