-Que
investigue amenazas del gobierno de Campeche para que habitantes de esta zona
no saquen credencial de elector como quintanarroenses
-Actitud intimidante de Campeche viola el Código Penal Federal
-Resolución
de SCJN beneficiaría a habitantes de 236 poblaciones asentadas en zona de
conflicto marginada
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| Mauricio Morales Beiza, Diputado de la XIII Legislatura del Congreso del Estado |
Chetumal, Quintana Roo.-El
presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos
Fronterizos de la XIII Legislatura, Mauricio Morales Beiza, llamará a sus
homólogos para que soliciten a la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), investigue las
amenazas hechas por autoridades Campeche contra habitantes de 236 comunidades
localizadas en la zona limítrofe en conflicto con esta entidad, con el fin de
que no se registren ante el Instituto Federal Electoral (IFE) como ciudadanos
quintanarroenses.
Durante una entrevista, el legislador por el Partido del Trabajo (PT), afirmó que la institución dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) debe tomar en serio las denuncias hechas por el Comité Prodefensa de los Límites del Estado a través de su dirigente, Luis Ramón Villanueva García, en el sentido de que habitantes de la zona limítrofe en conflicto con Campeche son amenazados por funcionarios del gobierno de esa entidad con ser expulsados de sus ejidos si se enlistan en el padrón del IFE como quintanarroenses.
La Fepade, luego de investigar estas amenazas, debe de aplicar multas y prisión a los funcionarios partidistas, en este caso el gobierno campechano es emanado del Partido Revolucionario institucional (PRI), ya que está ejerciendo presión sobre los electores para que no se registren como ciudadanos quintanarroenses, tal como lo establece el Artículo 406, del Título XXIV del Código Penal Federal, dijo.
Y agregó que el Gobierno del Campeche también incurre en violaciones al artículo 407 –del mismo Título XXIV, ya que está amenazando con expulsarlos de sus ejidos ya que el Código Penal Federal sanciona a quienes condicionen la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas en el ámbito de su competencia, y la dependencia de la PGR debe intervenir ya que es la responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales contenidos en el Título Vigésimo cuarto del Código Penal Federal.
Morales Beiza recordó que el presidente del Comité Prodefensa de los Límites del Estado, aseguró que los habitantes de 236 comunidades son vigilados por las autoridades estatales campechanas con el fin de impedirles que obtengan su credencial de elector como quintanarroenses y el Padrón del IFE se incremente y les puedan llegar apoyos por parte del Gobierno quintanarroense, apoyo que es urgente y necesario al ser considerada esta zona como una de las marginadas del país.
El Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana
Roo y Asuntos Fronterizos consideró que aunque el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (Inegi) “adjudicó” 211 comunidades, de un
total de 235, a Campeche, “este hecho no es válido en tanto no se tenga una
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que
tanto esta institución como el gobierno de Campeche no tienen ni el mandato
constitucional ni el judicial de apropiarse de los habitantes de estos centros
de población”.
Morales Beiza también coincidió con Villanueva García en cuanto a
que las propias autoridades estatales quintanarrenses “son culpables de esta
situación al no ejercer su derecho plasmado en la constitución de exigir a los
campechanos el respeto a su territorio. “Por el contrario, han dejado que el
gobierno campechano trabaje social y políticamente a sus anchas en este terreno
en disputa hasta llegar a estas amenazas en contra de la población”.
Cabe recordar que el Congreso de Campeche, decretó el 31 de
diciembre de 1996, la creación del municipio de Calakmul, tomando 4 mil 800
kilómetros cuadrados de terrenos pertenecientes al dominio del estado de
Quintana Roo.
Actualmente, Quintana Roo pugna con los vecinos de Campeche y
Yucatán 10 mil kilómetros cuadrados que representan el 20 por ciento de la
superficie total de nuestra entidad, conflicto que afecta especialmente a los
municipios Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Solidaridad,
y cuya resolución está en manos de la SCJN y no en caprichos o negligencias de
los gobiernos de Campeche y de aquí, además de beneficiar a los habitantes de
estas 236 comunidades marginadas, concluyó Morales Beiza.
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