Aprueban diputados, nueva ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

·         Es Quintana Roo, el primer estado del país, en el que los diputados locales aprueban de manera unánime, la inclusión de la propuesta ciudadana “3 de 3”, en su nueva Ley de Transparencia.

Chetumal, Quintana Roo.- La Décimo Cuarta Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que coloca a Quintana Roo a la vanguardia al ser la primera entidad en incorporar en su legislación local la obligación de los sujetos obligados de publicar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y declaraciones fiscales de los últimos cinco años, propuesta ciudadana conocida como “3 de 3”.

En la Sesión Ordinaria número 22, presidida por la diputada Delia Alvarado, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen con minuta de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado, presentada por los grupos parlamentarios y enriquecida con las propuestas de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.

La diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Gran Comisión del Congreso, informó que la legislación incorpora a nuevos sujetos obligados a transparentar el uso, manejo y destino de recursos públicos, como los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, los sindicatos, entre otros.

Además, se amplió el catálogo de obligaciones comunes es decir, aquella información que generan los sujetos obligados de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, misma que deberán publicar en la Plataforma Nacional y en sus portales de internet, en forma permanente y actualizada, con acceso al público y mediante procesos informáticos sencillos y de fácil comprensión.

La legisladora destacó la inclusión en la Ley de Transparencia, la obligación común de hacer pública las declaraciones patrimoniales, declaraciones de no conflicto de intereses y declaraciones fiscales de los últimos 5 años, que si bien no se encuentra prevista en la Ley General, “fue una demanda reiterada de las organizaciones civiles que pugnan por la transparencia de los servidores públicos, y que generó debate al no formar parte de la armonización exigida por el Congreso de la Unión, pero se comprendió que esta medida legislativa será contundente contra los actos de corrupción”, agregó.

Rodríguez Villanueva detalló que para lograr que se acaten los objetivos de la ley aprobada por las diputadas y diputados quintanarroenses, se estableció la figura de la denuncia, que cualquier persona puede presentar ante los organismos garantes por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia, en específico la falta de publicación de las obligaciones comunes y específicas de los sujetos obligados.

Además, se instituyó la obligación de crear un Consejo Consultivo para el Instituto, de carácter honorífico, con facultades, entre otras de emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas de los institutos de transparencia, así como analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad.

Otro órgano que se establece en la ley, es el Comité de Transparencia de los sujetos obligados, el cual entre sus funciones tiene el instituir, coordinar y supervisar las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información así como establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio de este derecho.

El diputado Luis Miguel Ramírez Razo, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, hizo uso de la tribuna para expresar el agradecimiento de la Legislatura, a todas las organizaciones de la sociedad civil que participaron con sus opiniones y propuestas para fortalecer la iniciativa, que finalmente fue aprobada por el Pleno Legislativo.