 |
| Diputado Eduardo Martínez Arcila Presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo |
Cancún, Quintana Roo.- El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, precisó que la Decimoquinta Legislatura ha revertido al menos un 50 por ciento de las reformas aprobadas por la legislatura anterior y que los ciudadanos han denominado como “El Paquete de Impunidad”.
Martínez Arcila, expresó que estas acciones responden al llamado ciudadano que reclama la aplicación de la justicia para los responsables del daño patrimonial contra el Estado.
Reveló que de acuerdo con información revelada durante las comparecencias de los ex titulares de las secretarías de Finanzas y Planeación; del Trabajo y Previsión Social; de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, entre otras dependencias, se estima que este daño patrimonial asciende a aproximadamente cinco mil millones de pesos.
Y es que derivado de la información revelada durante las comparecencias y de las adecuaciones al marco jurídico vigente, no se descarta que servidores públicos de la pasada administración estatal sean sujetos a procesos de investigación para responder a las interrogantes sobre el destino de los recursos públicos.
Martínez Arcila, agregó que en aproximadamente mes y medio de haberse instalado la Decimoquinta Legislatura, se han revertido diversas reformas que atentaban contra los quintanarroenses, como por ejemplo la relacionada con los servicios de escoltas para ex gobernadores hasta por 15 años.
“Se han realizado reformas para eliminar privilegios excesivos y restablecer las penas severas para servidores públicos que cometan delitos en contra del patrimonio y buen despacho del servicio público estatal”, expresó.
Recordó que los diputados integrantes de la Decimoquinta Legislatura, han aprobado reformas y derogaciones al Código Penal y reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado, respecto de las conductas de tráfico de influencias, distracción de recursos públicos, aprovechamiento ilícito del poder, peculado e intimidación.
Con estas reformas se busca que la ley penal recobre la posibilidad de cumplir eficazmente con su función, como lo es la protección de los bienes jurídicos más importantes del Estado, revocando la reducción de penas por delitos contra el erario aprobadas por la legislatura anterior para beneficiar al actual titular del Poder Ejecutivo. Ahora, el Código Penal vuelve a establecer penas severas de hasta 10 años de prisión para delitos como aprovechamiento ilícito del poder, administración fraudulenta, entre otros.
En lo que respecta a las reformas a la Ley de Seguridad Pública, se revirtieron las adecuaciones ad hoc al actual sistema de gobierno del titular del Poder Ejecutivo y los funcionarios afines, para que pudieran gozar de prerrogativas excesivas y por demás ofensivas a la sociedad.
De igual forma, se eliminó a los legisladores como sujetos a protección de escoltas y se redujo el número de personal, equipo vehículos y demás instrumentos para la protección de los ex servidores públicos, a no más de la mitad de los que éstos contaban mientras desempeñaron el encargo.
En la más reciente sesión ordinaria de la Decimoquinta Legislatura se aprobaron reformas constitucionales que fortalecen al Poder Judicial, eliminan resquicios normativos que atentaban contra los principios de la división de poderes y que generarán un ahorro presupuestal en beneficio de los quintanarroenses.
El diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso aseguró que las reformas establecen contrapesos reales que abonarán a un eficaz ejercicio de las funciones de cada poder constitucional del Estado.
Aunque no se ha dado marcha atrás al cien por ciento de las reformas de este paquete de impunidad, Martínez Arcila, afirmó que la Decimoquinta Legislatura ha enviado un mensaje de voluntad política para dar marcha atrás estas acciones que han lastimado a la sociedad quintanarroense.
No hay comentarios:
Publicar un comentario