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| Diputado Presidente de la XV Legislatura del Congreso del estado de Quintana Roo Eduardo Lorenzo Martínez Arcila |
El Congreso del Estado de Quintana Roo recibió esta mañana la
notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
respecto a una controversia constitucional que promovió el municipio de
Benito Juárez, con el fin de que no se revisen apartados específicos de
las cuentas públicas de 2014, 2015 y 2016; sin embargo, esta
notificación no impide continuar con el procedimiento, precisó el
diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del
Congreso.
El legislador indicó: “Hemos sido ya notificados de la controversia constitucional que presentó el Ayuntamiento de Benito Juárez a través de su presidente municipal, Remberto Estrada; de su síndico municipal, Karina Martínez y de su secretario general, Mauricio Rodríguez.
“Como lo habíamos adelantado, esta resolución inicial que toma la Corte primero valida que se pueda continuar con la auditoría mandatada por este Congreso, es decir, se continúa con la auditoría, esto no se detiene, esto es muy importante recalcarlo. Se continúa auditando lo que mandató el Congreso”, explicó.
El presidente de la Gran Comisión informó que, mediante esta notificación, ya se puede conocer exactamente cuál es el presunto agravio que expresa el presidente municipal de Benito Juárez y que, “a decir de ellos, se solicitó que se volviera a fiscalizar la cuenta pública 2014 y 2015, lo cual evidentemente no corresponde al contenido del acuerdo que tomó el Congreso”.
El Congreso estableció revisar un contenido específico en la cuenta
2014 y 2015 que tiene que ver con los ingresos del cobro derivado del
impuesto predial, es algo concreto, no es nuevamente hacerle una
auditoría a todas las cuentas públicas y que también, dicho sea de paso,
no son cuentas públicas que correspondan al actual presidente municipal
y en cuanto a 2016, eso ya lo estamos revisando como parte del trabajo
de la auditoría.
El documento aprobado en el pleno legislativo el 29 de marzo pasado
señala en su objeto: “Acuerdo por el que la legislatura solicita al
órgano de fiscalización superior (…) se lleve a cabo la revisión de
manera casuística y concreta de los ingresos del municipio de Benito
Juárez obtenidos durante los ejercicios de 2014, 2015 y 2016 por
concepto de impuestos, contribuciones o recaudaciones ante la presunción
de que se han cometido daños y perjuicios que pudieran afectar a la
hacienda pública o al patrimonio del municipio referido”.
El legislador explicó que esta notificación no detiene los procedimientos que se han puesto en marcha en el Congreso.
Martínez Arcila reconoció el papel que desempeña la Corte en casos como este y ratificó que el Poder Legislativo del Estado será absolutamente respetuoso de lo que determine la misma Corte, caso al cual se dará seguimiento de manera detallada.
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