· Es
Quintana Roo, el primer estado del país, en el que los diputados
locales aprueban de manera unánime, la inclusión de la propuesta
ciudadana “3 de 3”, en su nueva Ley de Transparencia.
Chetumal,
Quintana Roo.- La Décimo Cuarta Legislatura del Congreso del Estado
aprobó por unanimidad la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que coloca a Quintana Roo a la vanguardia al ser la
primera entidad en incorporar en su legislación local la obligación de
los sujetos obligados de publicar sus declaraciones patrimoniales, de
intereses y declaraciones fiscales de los últimos cinco años, propuesta
ciudadana conocida como “3 de 3”.
En
la Sesión Ordinaria número 22, presidida por la diputada Delia Alvarado,
el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen con minuta de Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado,
presentada por los grupos parlamentarios y enriquecida con las
propuestas de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil.
La
diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Gran Comisión del
Congreso, informó que la legislación incorpora a nuevos sujetos
obligados a transparentar el uso, manejo y destino de recursos públicos,
como los partidos políticos nacionales y locales, las agrupaciones
políticas nacionales y las personas morales constituidas en asociación
civil creadas por los ciudadanos que pretendan postular su candidatura
independiente, los sindicatos, entre otros.
Además,
se amplió el catálogo de obligaciones comunes es decir, aquella
información que generan los sujetos obligados de acuerdo con sus
facultades, atribuciones, funciones u objeto social, misma que deberán
publicar en la Plataforma Nacional y en sus portales de internet, en
forma permanente y actualizada, con acceso al público y mediante
procesos informáticos sencillos y de fácil comprensión.
La
legisladora destacó la inclusión en la Ley de Transparencia, la
obligación común de hacer pública las declaraciones patrimoniales,
declaraciones de no conflicto de intereses y declaraciones fiscales de
los últimos 5 años, que si bien no se encuentra prevista en la Ley
General, “fue una demanda reiterada de las organizaciones civiles que
pugnan por la transparencia de los servidores públicos, y que generó
debate al no formar parte de la armonización exigida por el Congreso de
la Unión, pero se comprendió que esta medida legislativa será
contundente contra los actos de corrupción”, agregó.
Rodríguez
Villanueva detalló que para lograr que se acaten los objetivos de la
ley aprobada por las diputadas y diputados quintanarroenses, se
estableció la figura de la denuncia, que cualquier persona puede
presentar ante los organismos garantes por el incumplimiento a las
obligaciones de transparencia, en específico la falta de publicación de
las obligaciones comunes y específicas de los sujetos obligados.
Además,
se instituyó la obligación de crear un Consejo Consultivo para el
Instituto, de carácter honorífico, con facultades, entre otras de emitir
opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las
funciones sustantivas de los institutos de transparencia, así como
analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones
relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información y
su accesibilidad.
Otro
órgano que se establece en la ley, es el Comité de Transparencia de los
sujetos obligados, el cual entre sus funciones tiene el instituir,
coordinar y supervisar las acciones y los procedimientos para asegurar
la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a
la información así como establecer políticas para facilitar la
obtención de información y el ejercicio de este derecho.
El
diputado Luis Miguel Ramírez Razo, presidente de la Comisión de
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, hizo uso de la tribuna para
expresar el agradecimiento de la Legislatura, a todas las
organizaciones de la sociedad civil que participaron con sus opiniones y
propuestas para fortalecer la iniciativa, que finalmente fue aprobada
por el Pleno Legislativo.
