- Vamos a buscar por todos los medios, tanto legales como políticos, dar marcha atrás a estos “paquetes de impunidad”, para que los funcionarios corruptos devuelvan lo que se robaron y enfrenten las consecuencias, empezando por el todavía gobernador, Roberto Borge: Ricardo Anaya Cortés.
- Hacemos un llamado enérgico al gobierno federal y al CEN del PRI para que intervengan y se dé marcha atrás a este enorme abuso, que atenta contra la justicia y la legalidad en los estados.
“Este es el peor PRI que hemos visto en la historia de nuestro país”,
aseveró el Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, al
denunciar la consumación del “paquete de impunidad” propuesto por el
todavía gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, para ocultar los
graves casos de corrupción cometidos durante su gestión.
“Esto no había ocurrido nunca. No se comportó el PRI de esta manera,
ni siquiera cuando perdieron la Presidencia de la República en el año
2000”, advirtió al recordar que, al igual que en Quintana Roo, en
Chihuahua y Veracruz los gobernadores salientes han propuesto paquetes
de leyes y nombramientos a modo para pretender “blindarse” contra la
acción de la justicia.
En conferencia de prensa conjunta con el gobernador electo de
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, Anaya Cortés aseguró que no se
quedarán cruzados de brazos, por lo que buscarán por todos los medios,
tanto legales como políticos, dar marcha atrás a los nombramientos “a
modo”, relacionados con la fiscalización y la justicia en los estados
donde habrá alternancia.
Asimismo, pidió la intervención del Gobierno federal y del Comité
Ejecutivo Nacional del PRI, para dar marcha atrás a lo aprobado por el
Congreso local, pues, sostuvo, “todos sabemos que en la cultura priista
los gobernadores no se mandan solos. Sabemos que son disciplinados a lo
que se les instruye, recomienda o sugiere desde el Gobierno federal y
desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI”.
“Quintana Roo merece que no haya impunidad, ése es el compromiso de
Carlos Joaquín y para ello cuenta con todo el respaldo de los partidos
que lo postulamos, para que estos señores devuelvan lo que se robaron y
que quienes hayan cometido actos graves de corrupción vayan a la cárcel,
empezando por el exgobernador del estado”.
Ricardo Anaya detalló que hasta el momento son cinco los actos graves
cometidos en Quintana Roo: 1) ya convirtieron la Procuraduría del
Estado en Fiscalía General y nombraron al actual procurador, Carlos
Álvarez, para los próximos 9 años; 2) refinanciaron la deuda del
municipio de Solidaridad, donde el actual alcalde con licencia, Mauricio
Góngora, fue el candidato del PRI a gobernador, difiriendo esa deuda de
mil millones de pesos a largo plazo; 3) designaron a tres nuevos
magistrados en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejando la
procuración de justicia en manos de un fiscal a modo; 4) designaron a
Javier Zetina, envuelto en múltiples escándalos de corrupción y empleado
de Borge como director de Transporte, como nuevo Auditor Superior del
Estado; y 5) hicieron una reforma legal para garantizar que el
gobernador y toda su familia, sin importar si se encuentran en México o
en el extranjero, cuenten con escoltas los próximos 15 años, pagadas con
recursos públicos, es decir, con el dinero de la gente de Quintana Roo.
En la conferencia de prensa, el gobernador electo, Carlos Joaquín
González, afirmó que los priistas no se dieron cuenta de que el pasado 5
de junio, los ciudadanos votaron por la transparencia, por evitar la
corrupción y acabar con la impunidad que ha imperado en los últimos 6
años en Quintana Roo.
A pesar de ello, agregó, el Congreso del Estado, dirigido por Borge,
aprobó un escandaloso “paquete de impunidad”, y para consumarlo cambió
su sede a un hotel de Cancún, fuertemente custodiado por policías del
municipio de Solidaridad.
Carlos Joaquín dejó en claro que como gobernador, impedirá que siga
la impunidad y auditará el enorme endeudamiento del estado. Finalmente,
advirtió que en los próximos dos meses podría aprobarse un nuevo
paquete, que incluya la figura de magistrados de lo contencioso
administrativo, que hoy no existe en Quintana Roo, para que puedan
inhabilitar a los funcionarios que incurran en actos de corrupción.
