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| Diputados de la XIII Legislatura de Congreso del Estado |
CHETUMAL.- La Diputación Permanente de la XIII Legislatura del Congreso del estado, dio entrada a una iniciativa de decreto para que el Estado garantice, respete, proteja y promueva los derechos humanos de las personas.
Se trata de una iniciativa presentada por el diputado José Alfredo Contreras Méndez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, con la que Quintana Roo busca adaptarse a los cambios constitucionales publicados el 11 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.
Actualmente, los Derechos Humanos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes federales, los tratados internacionales con aprobación del Senado y la propia Constitución local, como tal no se encuentran textualmente especificados en la Carta Magna, aunque sí de manera implícita en varios artículos de la Constitución.
La propuesta busca establecer que la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, sean fundamento del orden político y de la paz social en el estado de Quintana Roo.
De aprobarse la modificación, el Estado contará con mayores elementos garantizará el respeto a la persona y a los derechos humanos, promoverá su defensa y proveerá las condiciones necesarias para su ejercicio, generando obligaciones para todas las autoridades.
Hace un par de meses, el Congreso de la Unión, con la aprobación de los Congresos estatales, elevó a rango constitucional los Derechos Humanos que se encuentran establecidos a nivel internacional en los Tratados Internacionales de los cuales México forma parte.
En los transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció un año el tiempo que tienen las legislaturas locales para realizar las adecuaciones correspondientes.
El Poder Legislativo de Quintana Roo, a través del diputado José Alfredo Contreras Méndez, da cumplimiento a la disposición para actualizar la norma jurídica estatal en materia de derechos humanos.
La iniciativa fue turnada por la Diputación Permanente a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y análisis.
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