domingo, 15 de julio de 2012

A favor de Quintana Roo sobre el conflicto limítrofe con Campeche de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisco Flota Medrano



Francisco Flota Medran
 El municipio de Bacalar seria uno de los más beneficiados ante la posibilidad de que el Estado recupere entre cien y 150 millones de pesos por participaciones federales, esto  tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al desechar los recursos legales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y ordenar que en breve recomponga el Censo 2010 para integrar a más de 27 mil habitantes a Quintana Roo y la entrega de recursos para su atención social.

Así lo consideró el presidente del Concejo Municipal, Francisco Flota Medrano, quien dijo que con la reducción de los recursos por el censo, Bacalar fue afectado en el presente ejercicio fiscal al restarle hasta 17 comunidades, al menos tres de ellas con importante número de ciudadanos y con la consecuente reducción de recursos. Y con Othón P. Blanco que fue el más afectado en el mismo ejercicio se estarían repartiendo el 20 por ciento de lo que se recupera, entre cien y 150 millones de pesos y que se refieren a los Fondos de Participación Municipales.
Presidente Municipal de Bacalar

En ese sentido, indicó que “desde luego que si se llega a recuperar algo hay una parte que le corresponde al décimo municipio, en las proporciones que las fórmulas del Estado lo permita, se manejan cien millones de pesos pero que eso incluye la totalidad de los fondos, fondos generales, fondos de fiscalización, fondo de fomento municipales, entre otros”.

Por ultimo, Flota Medrano señaló que “el Gobierno del Estado debe iniciar el procedimiento ante el área de coordinación con los estados de la Secretaría de Hacienda y que la recuperación impactaría al estado de Campeche, quien ya recibió los recursos desde el ejercicio fiscal. Sin embargo señaló que lo más importante será la resolución de la Corte respecto a la controversia para recuperar al Estado más de 10 kilómetros que se mantienen en litigio desde más de hace 18 años.





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