martes, 12 de marzo de 2013

EXIGE DIPUTADO MORALES BEIZA A RICALDE MAGAÑA DESTITUIR A SU SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA



-Diputado del PT se une a las voces que exigen la destitución de Aiza Kaluf ante constantes violaciones que cometen policías municipales

-Policía de Benito Juárez ocupa el primer lugar de quejas interpuestas ante la CDHEQRoo

-El Torito, Mina de Oro para las autoridades municipales y  para los elementos de Seguridad Pública

-Ricalde Magaña debe de escuchar las demandas de distintos sectores de la sociedad y destituir a Aiza Kaluf

Mauricio Morales Beiza Diputado de la XIII Legislatura del Congreso del estado de Quintana Roo
Chetumal, Quintana Roo.-El Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos de la XIII Legislatura, Mauricio Morales Beiza, se unió a las demandas de diversos sectores sociales y exigió al munícipe de Benito Juárez, Julián Ricalde Magaña destituir a su secretario de Seguridad Pública, Jesús Aiza Kaluf, ante los abusos cometidos por elementos de esa corporación quienes, además, han hecho del Bando de Policía y Buen Gobierno el pretexto perfecto para cometer violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos y del Centro de Retención Temporal (Torito) “una mina de oro” con recibo o sin él.

El diputado del Partido del Trabajo (PT) respaldó la exigencia de los regidores del PT, Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM) y Movimiento Ciudadano (PMC) que integran el Cabildo de Benito Juárez, de que el munícipe Julián Ricalde Magaña dé de baja a su titular de Seguridad Pública, Jesús Aiza Kaluf.

Debe hacerle caso a sus regidores ya que “él es responsable del comportamiento de Aiza Kaluf y de los policías municipales ante el hecho de dos de ellos violaron a una niña de doce años; uno más fue detenido cuando agredía sexualmente a una menor de 14 años; otros hicieron lo mismo con un joven en el interior del Torito de Cancún; y otros más que viajaban en varias patrullas de esa corporación policíaca local balearon a un muchacho de 19 años hiriéndolo de un pie por el sólo hecho de  circular con su camioneta y se dirigía a su domicilio”. 

“No es la primera vez que elementos policíacos cometen arbitrariedades en contra de los ciudadanos: del Informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQRoo) del 2011, se desprende que el municipio de Benito Juárez ocupó el primer lugar con 457 quejas recibidas”, recordó el representante popular petista.

De este total de quejas, 71 se refieren a la violación al derecho a la libertad cuyas detenciones arbitrarias por parte de los elementos de Seguridad Pública municipal quienes cometieron detenciones arbitrarias, añadió Morales Beiza. 

Asimismo, el Bando de Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Benito Juárez se convirtió en pretexto de parte de los policías con el fin de extorsionar a los ciudadanos. Un ejemplo es el Centro de Reclusión Temporal El Torito donde el Ayuntamiento recauda 250 mil pesos a la semana.  Un millón de pesos al mes, por lo que su costo (19 millones de pesos) se cubrió en tres meses tres semanas luego de iniciar sus operaciones. 

El diputado del PT refirió que luego de pláticas sostenidas con regidores de distintos partidos este fin de semana en Cancún, éstos demandaron la destitución de Aiza Kaluf porque sus elementos persiguen a sus víctimas, los acosan y exigen cuotas de liberación; cuando los detienen cometen excesos de despotismo y maltrato, detenciones a discreción y sin falta justificada.

Estas multas que van de los 600 a mil 500 pesos que se aplican a 250 infractores que ingresan diario al Torito, arroja un promedio de 250 mil pesos, pero la cantidad se incrementa a cerca de 400 mil pesos los sábados y domingos. “Estas son cifras que se reportan, pero las que se aplican sin recibo, puede duplicarse”, sostuvo Morales Beiza.

Por último, el diputado Morales Beiza se congratuló de que distintas voces –desde la del Obispo en la entidad, Pedro Pablo Elizondo, hasta el propio Gobernador Borge Angulo- condenen estas violaciones a los derechos humanos de quienes caminan o circulan por una calle de un barrio pobre, ya que para los policías municipales es motivo suficiente para ser detenido y acarreado al Torito o ser violado.

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